Acteal ¿Negligencia o complicidad?

La verdad jurídica es una invención, una construcción, que depende de quien ostenta el biopoder, aquel que decide quien vive o quien muere y que aplica la justicia fundamentada en un racismo de Estado (Foucault M. 1992, Genealogía del racismo, de la guerra de razas al racismo de Estado, ed. La Piqueta, Madrid). En los hechos de Acteal la verdad jurídica ha establecido como responsables de homicidio por omisión a los comandantes de seguridad pública que por “casualidad” se encontraban cerca del lugar de los hechos y que después de haber escuchado disparos de armas de fuego reportaron a sus mandos “sin novedad”.

Los responsables materiales y policías fueron absueltos del delito de asociación delictuosa porque los magistrados consideraron al resolver la apelación de las sentencias que no existen evidencias que acrediten la configuración de ese delito y que por tanto, solo se configura una coparticipación “espontánea” en el caso de la responsabilidad material de los hechos y omisión en el de los servidores públicos, culpando de los hechos a las disputas internas entre indígenas.

En esta lógica, Gustavo Hirales (1998, Camino a Acteal, Rayuela Editores) y Héctor Aguilar Camín (2007, Regreso a Acteal I y II, Nexos 359 y 358) han atribuido la responsabilidad de los funcionarios públicos a una negligencia y no a una complicidad dada por un plan de contrainsurgencia integral que utiliza civiles para atacar física y psicológicamente al EZLN y sus simpatizantes, queriendo vendernos una idea racista de que los indígenas de Chenalhó son intolerantes y salvajes.

En esta estrategia contrainsurgente, invisible para estos dos autores, es pieza fundamental el Manual de Guerra Irregular, impreso en el Taller Autográfico de la SEDENA en enero de 1995, citado y descrito en múltiples ocasiones en informes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y artículos de La Jornada (ver Andrés Aubry y Angélica Inda, 30 de julio de 1998, No hay paramilitares en Chiapas; Darrin Wood, 25 de febrero de 2005, Renan Castillo y la doctrina paramilitar; Andrés Aubry, 25 de marzo de 2007 Chiapas: la nueva cara de la guerra).

Pero ¿cómo establecemos el vínculo doloso entre el ejército y el gobierno a través de las tácticas establecidas por este manual y los actos de Paz y Justicia, los paramilitares de Chenalhó, el MIRA o la OPDIC? El tomo II del manual establece en el párrafo 531 que el “comandante de un teatro de operaciones, deberá emplear a todos los elementos organizados y aún a la población civil para localizar, hostigar y destruir a las fuerzas adversarias.” Siendo legalistas este manual constituye una franca violación al artículo 129 constitucional al instruir a autoridades militares a no observar exacta conexión con la disciplina militar involucrando civiles en actividades (para) militares. Siguiendo la línea de mando la responsabilidad institucional por estos actos conduce directamente al Ejecutivo Federal, de acuerdo con el artículo 89 fracción VI.

Una vez que el ejército tomó posiciones en febrero del 2005 en tierras ejidales, con la aquiescencia de autoridades ejidales amenazadas o corrompidas y en terrenos particulares cuyos propietarios tenían la esperanza de ver devueltas y después de que hubieran retornado muchos de los desplazados que abandonaron sus comunidades por “temor a las bombas”, el ejército y los operadores políticos civiles (entre ellos Jorge Enrique Hernández Aguilar, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del gobierno interino de Ruiz Ferro y miembro de SOCAMA) comenzaron a ofrecer apoyos productivos condicionados y “labor social” a todo el que se acercara.

En un primer momento, el corporativismo priista de la CNC y el SNTE brindó una base social al ejército para reclutar a los primeros civiles para acciones contrainsurgentes. La organización Solidaridad Campesino-Magisterial (SOCAMA), que estaba constituida en una “burguesía rural”, fue fundamental en esta fase del proceso, proporcionando los líderes y organizadores de Paz y Justicia (véase Hidalgo O. Acercamiento a una radiografía de Solidaridad Campesino Magisterial, CIEPAC, http://www.ciepac.org/archivo/analysis/socama.html).

Posteriormente, paradójicamente la contrainsurgencia encontró posibilidades en las condiciones de pobreza y marginación. La falta de tierras, el desempleo, la mercantilización de la mano de obra y el desarraigo habían descompuesto en las dos décadas previas a 1997 el tradicional modo de producción colectivo y de resolución de conflictos. Esto provocó, entre otras cosas, que los jóvenes ya no tuvieran motivos para quedar bien con los viejos, para poder contraer matrimonio, ocupar cargos y ganar prestigio en la comunidad, siendo que por otro lado podían salir a trabajar a las ciudades y regresar a sus comunidades con dinero y entonces pagar la dote y ganar prestigio por el dinero ganado. A su vez, los padres de familia ya no necesitaban una familia numerosa para hacer producir la tierra, puesto que con agroquímicos y herbicidas se podían ahorrar muchos jornales (Aubry A. e Inda A., La Jornada 23 de diciembre de 1997 ¿Quiénes son los paramilitares?; Collier, J.: 2000, en Agua que nace y muere, sistemas normativos indígenas y disputas por el agua en Chamula y Zinacantán, Burguete Cal y Mayor, A., PROIMMSE-UNAM). Así es como desafortunadamente en muchas comunidades podemos encontrar mercenarios paramilitares indígenas.

La política nacional de la estrategia contrainsurgente no solo permite atacar al EZLN mediante el empleo de civiles, sino que también representa un lucrativo negocio para agentes policiacos que trafican y venden las armas a los paramilitares y mafias de Chiapas.

Todo ello nos conduce con “hilo de acero” a un ineludible componente exógeno muy planificado de la llamada “violencia endémica”. Hay una clara estrategia de formación, complicidad, financiamiento (por medio de proyectos productivos) y protección a los paramilitares desde la dirigencia del ejército y gobierno. Podemos tener la certeza de que los grupos paramilitares no se formaron y actuaron espontáneamente, ni que a las autoridades civiles y militares les ha tomado por sorpresa o sean ajenos a ellos. No hay negligencia ni omisión en el equipamiento, entrenamiento y aquiescencia a los grupos paramilitares.