Bicentenario

La gesta independentista cumple 200 años. El Estado mexicano merece no solo conmemorarlo y celebrarlo. La ciudadanía, el pueblo mexicano también tiene muchos motivos para conmemorarlo de forma especial.

Solo que el balance del país no es totalmente halagador. El Estado mexicano tiene en el norte en una guerra abierta contra algunos barones de narcotráfico y el capital ilítcito, y en el sur mantiene una administración muy filosa de los conflictos latentes de algunos puntos sensibles de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Michoacán, Estado de México, etc.

La situación de precariedad en el sureste mexicano continúa siendo grave. Comunidades sin servicios públicos básicos, analfabetismo, deterioro mantenido de los recursos naturales.

Aún con eso, el estado mexicano ha logrado mantener soberanía política, muy cuestionada por los intereses económicos que han intervenido en las decisiones de política económica. Eso podría darle legitimidad y derecho a quienes administran el régimen de celebrar la continuidad del régimen. Depende el régimen político, podría pensarse.

Las diferencias culturales, la desigualdad económica de México, pueden ser un factor que no ayude mucho a consolidar la identidad mexicana anhelada por la clase política. Claro, la solución ha sido el multiculturalismo o pluriculturalismo. Pero esta no se construye de la noche a la mañana y 200 años no han sido suficientes. Al contrario, ahora hay serias diferencias y odios añejos.

La democracia tampoco ha sido un hecho consumado ante la opinión unánime de los mexicanos. México es un capitalismo de compadres, como dijo Gary Becker.

El estado mexicano está cuestionado de fondo, ¿fueron los criollos los padres y forjadores de la patria? ¿qué orgullo nos puede dar como mexicanos la herencia del imperio azteca? ¿existe realmente la identidad del mexicano o mexicana? Claro, todos tenemos compartido un símbolo patrio único, la bandera, el himno nacional, el escudo. ¿Pero esto consolida y asegura nuestra continuidad como sociedad?

¿En 200 años existirá México como país, como nación? ¿En donde quedará el recuerdo de este bicentenario? Mis conclusiones son que la celebración del bicentenario del inicio de la independencia mexicana, digamos la fundación de México como país, como Estado, como nación, es un acto totalmente propagandístico para intentar consolidar un régimen político frágilmente sostenido, por estar basado en casi una sociedad de castas y mantener la desigualdad. ¿Será recordada Televisa como un imperio de control y manipulación de masas?

Sin duda se percibe el descrédito de México como nación. A pesar de que los mariachis, las enchiladas, los huipiles, el tequila, el mezcal, los tamales, la danza de los viejitos, la catrina, sean considerados totalmente como símbolos mexicanos.

Los mexicanos tenemos un motivo para celebrar, para recordar a los héroes caídos en batalla por sus ideales de libertad y pensar lo positivo de tratar de mejorar lo que se pueda. No justifico el aparentemente exagerado presupuesto ejercido. Según el Secretario de Educación Pública, se ejercieron 2 mil millones de pesos en los festejos del biencentenario, lo que equivaldría a 20 pesos por cada mexicano. No es mucho.

No podemos predecir el futuro, pero lo que no se puede negar es el presente. La historia la escriben los vencedores. En el bicentenario, Televisa ha triunfado. No en balde un amigo mío está convencido de que vivimos en la República Chapoy.

México: estado del arte. 02/2008

La lucha del Estado mexicano contra el crimen organizado ha sido desde inicios del gobierno de Felipe Calderón el tema central de la política nacional. De tal forma podemos encontrar una gran movilización de efectivos militares en tareas de apoyo a las fuerzas policiales que no se dan abasto ante el implacable crecimiento de las redes del narcotráfico.

El gobierno mexicano muestra su incapacidad de contener las ejecuciones y ajustes de cuentas en varios estados del país, teniendo que recurrir a nuevas estrategias tratando de reformar el marco jurídico de la investigación y persecución de la delincuencia organizada. A ello responde la llamada reforma judicial que presentó Felipe Calderón el 9 de marzo de 2007 a la cámara de Senadores. Lo malo de esta iniciativa es la reducción de garantías individuales y el incremento de facultades discrecionales de los órganos del Estado encargados de investigar y procurar justicia, los cuales no se caracterizan por ser un ejemplo de profesionalismo.

Otro aspecto que ha caracterizado a la política nacional reciente es la reforma electoral de noviembre de 2007, medida tomada por los partidos políticos para apaciguar los conflictos postelectorales del 2006, sin embargo se le critica severamente en los medios de comunicación por el hecho de haber de haber violado la autonomía del Instituto Federal Electoral e inamovilidad de sus consejeros y la libertad de los ciudadanos y partidos políticos a contratar mensajes en los medios de comunicación en tiempos de campañas electorales. Visto el problema que ello significó en la elección presidencial de 2006, esta nueva regulación significa un avance en la equidad de competencia electoral.

La desaceleración económica en los Estados Unidos (según Nasdaq ya en recesión) lejos de ser ajena a México, como lo han señalado los encargados de la política económica mexicana, es un aspecto que puede tener serias repercusiones, debido a la dependencia económica de México a la economía estadounidense y al bajo crecimiento económico interno. La economía mexicana ha logrado mantenerse básicamente por las reservas petroleras y los altos precios del crudo. Debido al decaimiento de los principales yacimientos, la industria petrolera mexicana requiere nuevas exploraciones, lo cual demanda fuertes inversiones que la dirigencia política mexicana asegura que solo se pueden llevar a cabo en conjunto con la iniciativa privada, concretamente con las grandes empresas trasnacionales. Pero ello requiere también reformas constitucionales que ya se están promoviendo políticamente y que podrían constituir otra de las grandes reformas estructurales: la reforma energética.

Ese es un aspecto muy polémico en la política nacional, debido a que los grupos políticos que promueven la apertura del sector ocupan la dirigencia política del país y los grupos que sostienen la tesis de que el petróleo debe seguir siendo patrimonio nacional son muy proclives a la movilización de masas y a la resistencia civil. Esto ha conducido a una neutralización de fuerzas, ocasionando el estancamiento y la baja competitividad internacional del sector.

En cuanto a la capacidad organizativa de la sociedad civil esta ha reaccionado fragmentaria y sectorialmente ante diversos acontecimientos coyunturales. Después de la movilización postelectoral encabezada por López Obrador, éste ha mantenido su presencia en el escenario político con diversos actos en toda la república intentando recomponer las fuerzas sobre todo ante la amenaza de las reformas constitucionales en materia energética y la apertura al capital privado en la explotación petrolera.

La movilización zapatista en la Otra Campaña en el marco de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona ha sabido mantenerse con minoritarios sectores de la izquierda independiente y menos institucionalizada, tratando de armar un plan nacional de lucha que todavía no tiene perspectivas concretas. Después de una extensa gira por todo el país, la dirigencia zapatista ha tenido que replegarse ante el desgaste sufrido por sus bases de apoyo, básicamente por los conflictos con otras organizaciones de Chiapas.

Tienen notoriedad las movilizaciones campesinas corporativas contra la apertura del capítulo agropecuario del TLCAN, para eliminar impuestos y aranceles a las importaciones de productos agropecuarios. La protesta radica en la poca competitividad del sector agropecuario mexicano ante los excedentes industrializados del norte.

Acteal ¿Negligencia o complicidad?

La verdad jurídica es una invención, una construcción, que depende de quien ostenta el biopoder, aquel que decide quien vive o quien muere y que aplica la justicia fundamentada en un racismo de Estado (Foucault M. 1992, Genealogía del racismo, de la guerra de razas al racismo de Estado, ed. La Piqueta, Madrid). En los hechos de Acteal la verdad jurídica ha establecido como responsables de homicidio por omisión a los comandantes de seguridad pública que por “casualidad” se encontraban cerca del lugar de los hechos y que después de haber escuchado disparos de armas de fuego reportaron a sus mandos “sin novedad”.

Los responsables materiales y policías fueron absueltos del delito de asociación delictuosa porque los magistrados consideraron al resolver la apelación de las sentencias que no existen evidencias que acrediten la configuración de ese delito y que por tanto, solo se configura una coparticipación “espontánea” en el caso de la responsabilidad material de los hechos y omisión en el de los servidores públicos, culpando de los hechos a las disputas internas entre indígenas.

En esta lógica, Gustavo Hirales (1998, Camino a Acteal, Rayuela Editores) y Héctor Aguilar Camín (2007, Regreso a Acteal I y II, Nexos 359 y 358) han atribuido la responsabilidad de los funcionarios públicos a una negligencia y no a una complicidad dada por un plan de contrainsurgencia integral que utiliza civiles para atacar física y psicológicamente al EZLN y sus simpatizantes, queriendo vendernos una idea racista de que los indígenas de Chenalhó son intolerantes y salvajes.

En esta estrategia contrainsurgente, invisible para estos dos autores, es pieza fundamental el Manual de Guerra Irregular, impreso en el Taller Autográfico de la SEDENA en enero de 1995, citado y descrito en múltiples ocasiones en informes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y artículos de La Jornada (ver Andrés Aubry y Angélica Inda, 30 de julio de 1998, No hay paramilitares en Chiapas; Darrin Wood, 25 de febrero de 2005, Renan Castillo y la doctrina paramilitar; Andrés Aubry, 25 de marzo de 2007 Chiapas: la nueva cara de la guerra).

Pero ¿cómo establecemos el vínculo doloso entre el ejército y el gobierno a través de las tácticas establecidas por este manual y los actos de Paz y Justicia, los paramilitares de Chenalhó, el MIRA o la OPDIC? El tomo II del manual establece en el párrafo 531 que el “comandante de un teatro de operaciones, deberá emplear a todos los elementos organizados y aún a la población civil para localizar, hostigar y destruir a las fuerzas adversarias.” Siendo legalistas este manual constituye una franca violación al artículo 129 constitucional al instruir a autoridades militares a no observar exacta conexión con la disciplina militar involucrando civiles en actividades (para) militares. Siguiendo la línea de mando la responsabilidad institucional por estos actos conduce directamente al Ejecutivo Federal, de acuerdo con el artículo 89 fracción VI.

Una vez que el ejército tomó posiciones en febrero del 2005 en tierras ejidales, con la aquiescencia de autoridades ejidales amenazadas o corrompidas y en terrenos particulares cuyos propietarios tenían la esperanza de ver devueltas y después de que hubieran retornado muchos de los desplazados que abandonaron sus comunidades por “temor a las bombas”, el ejército y los operadores políticos civiles (entre ellos Jorge Enrique Hernández Aguilar, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del gobierno interino de Ruiz Ferro y miembro de SOCAMA) comenzaron a ofrecer apoyos productivos condicionados y “labor social” a todo el que se acercara.

En un primer momento, el corporativismo priista de la CNC y el SNTE brindó una base social al ejército para reclutar a los primeros civiles para acciones contrainsurgentes. La organización Solidaridad Campesino-Magisterial (SOCAMA), que estaba constituida en una “burguesía rural”, fue fundamental en esta fase del proceso, proporcionando los líderes y organizadores de Paz y Justicia (véase Hidalgo O. Acercamiento a una radiografía de Solidaridad Campesino Magisterial, CIEPAC, http://www.ciepac.org/archivo/analysis/socama.html).

Posteriormente, paradójicamente la contrainsurgencia encontró posibilidades en las condiciones de pobreza y marginación. La falta de tierras, el desempleo, la mercantilización de la mano de obra y el desarraigo habían descompuesto en las dos décadas previas a 1997 el tradicional modo de producción colectivo y de resolución de conflictos. Esto provocó, entre otras cosas, que los jóvenes ya no tuvieran motivos para quedar bien con los viejos, para poder contraer matrimonio, ocupar cargos y ganar prestigio en la comunidad, siendo que por otro lado podían salir a trabajar a las ciudades y regresar a sus comunidades con dinero y entonces pagar la dote y ganar prestigio por el dinero ganado. A su vez, los padres de familia ya no necesitaban una familia numerosa para hacer producir la tierra, puesto que con agroquímicos y herbicidas se podían ahorrar muchos jornales (Aubry A. e Inda A., La Jornada 23 de diciembre de 1997 ¿Quiénes son los paramilitares?; Collier, J.: 2000, en Agua que nace y muere, sistemas normativos indígenas y disputas por el agua en Chamula y Zinacantán, Burguete Cal y Mayor, A., PROIMMSE-UNAM). Así es como desafortunadamente en muchas comunidades podemos encontrar mercenarios paramilitares indígenas.

La política nacional de la estrategia contrainsurgente no solo permite atacar al EZLN mediante el empleo de civiles, sino que también representa un lucrativo negocio para agentes policiacos que trafican y venden las armas a los paramilitares y mafias de Chiapas.

Todo ello nos conduce con “hilo de acero” a un ineludible componente exógeno muy planificado de la llamada “violencia endémica”. Hay una clara estrategia de formación, complicidad, financiamiento (por medio de proyectos productivos) y protección a los paramilitares desde la dirigencia del ejército y gobierno. Podemos tener la certeza de que los grupos paramilitares no se formaron y actuaron espontáneamente, ni que a las autoridades civiles y militares les ha tomado por sorpresa o sean ajenos a ellos. No hay negligencia ni omisión en el equipamiento, entrenamiento y aquiescencia a los grupos paramilitares.

Los primeros 100 días y de cómo el neoliberalismo se fue a pique en tan poco tiempo.

Por Pepe Montero.

Transcurrieron los primeros 100 días del segundo gobierno de alternancia encabezado por Felipe Calderón.

Calderón comenzó su sexenio en medio de la turbulencia de las acusaciones de la izquierda de haber llegado a la silla presidencial a través de un fraude electoral. No obstante Calderón supo sortear los obstáculos más o menos bien.

Primer acto simbólico: Bien o mal tomó protesta en San Lázaro, que tenía los ánimos desbordados y a pesar de ello lo hizo. Otro de los primeros actos simbólicos del nuevo presidente fue declarar la guerra al crimen organizado del narcotráfico empleando un importante número de efectivos militares, lo que tristemente es la clara utilización de las fuerzas armadas para recuperar espacio geográfico perdido (llámese inseguridad) en tiempos de paz constitucionales (el ejército debería estar en sus cuarteles) y como un mensaje a las fuerzas políticas de oposición.

La decisión de Calderón de reforzar su imagen política mediante la constante aparición como mando supremo de las fuerzas armadas intenta mostrar firmeza y sobre todo autoridad. Al presidente Calderón le aconsejan utilizar símbolos políticos y ha puesto énfasis en el símbolo del control de las fuerzas armadas como eje para sustentar el poder presidencial.

Sin embargo, esta errática imagen donde más parece soldado razo que mando supremo, no le ha ayudado mucho para mantener el rumbo del buque neoliberal, ni para convencer de su autoridad. En cuanto hubo una repentina subida en los precios internacionales del maíz la economía mexicana no resistió y dejó en evidencia la ausencia de una política nacional de previsión ante un predecible déficit de suministros de la canasta básica. Negligencia económica. UnEstado no puede dejar que las cosas se rijan exclusivamente por las leyes del mercado, sobre todo cuando no se tienen los presupuestos legales, económicos y políticos para evitar la especulación y el monopolio (enemigos de la verdadera economía de libre mercado). Estos son claros efectos de la desregulación económica mal planificada y desequilibrada.

Por más esfuerzos que hizo el presidente Calderón en Davos para convencer a los inversionistas de la seguridad económica de México, a las pocas semanas las principales bolsas de valores del mundo cayeron abruptamente. Así el 27 de febrero México tuvo una caída de 5.8% en las inversiones totales. Efecto directo de la economía globalizada, de la que desafortunadamente depende la economía mexicana. Cuando el mercado interno depende de capital externo se está a merced de la voluntad del inversionista. Si un Estado no es capaz de mantener la soberanía de su economía pierde autoridad, pierde sentido su existencia.

El presidente Calderón, seguido de clase política panista y contra sus principios ideológicos tuvo que intervenir para frenar el incremento de la tortilla celebrando un convenio de precios con los actores involucrados, estableciendo una política nacional. En el caso de la caída de la bolsa intentó persuadir al público diciendo que México había resistido la crisis bursátil siendo la mexicana una economía sólida y fuerte, cuado la evidencia era otra. ¿Dónde quedó el neoliberalismo?

A los políticos y economistas del PAN les debería quedar claro que de alguna u otra forma, para su elemental subsistencia, el Estado debe contar con la posibilidad jurídica, económica, social y política de intervenir en el mercado, de intervenir en los precios y de regular el intercambio de bienes y servicios para evitar oportunistas y especuladores nacionales y trasnacionales, evadiendo desórdenes sociales y económicos mayores, que también pueden quebrar al país, aún más cuando en México las condiciones para la especulación y el monopolio están dadas.

Foto: La Jornada Michoacán.

El narco, la soberanía nacional y la microeconomía

Con los recientes operativos contra la delincuencia organizada realizados en diversas partes de la república mexicana, mi opinión es que sí hay una acción estatal contra el narco, pero su intensidad es de dudosa perdurabilidad, por lo que no llega a atemorizar a ningún sobrino del tío Gamboín. Pero para el gobierno calderonista la guerra contra el narco ha sido un pretexto de intentar recuperar espacios de soberanía perdidos o a punto de perder por el Estado mexicano, según el Procurador General Medina Mora.

Varios hechos interesantes en estos días en la política nacional:

1.- La extradición de 10 narcotraficantes a los Estados Unidos del día 19 de enero. La medida tiene relevancia en cuanto a que el hecho da una señal a los cárteles de Sinaloa y del Golfo, que se disputan el control de las operaciones en varios puntos de la frontera norte. En Los Pinos se busca vender cara la operación del narcotráfico y para eso se debe dar la impresión de control en las zonas donde hasta ahora han actuado los cárteles con toda impunidad.

Si bien en el vecino país del norte algunos pudieran obtener su libertad bajo fianza mientras dure el juicio, de ser sentenciados a cárcel los privilegios carcelarios se les terminarían o por lo menos les costarían mucho más, con el riesgo de hacer prácticamente imposible salir absueltos o fugarse.

2.- La presencia de más de 6 mil elementos del Ejército Mexicano en la zona de Badiraguato. Se piensa que aquí tiene su cuartel general el cártel de Sinaloa y posible sea refugio del “Chapo”. Sin duda que el reino de Badiraguato es un centro de operaciones importante. La presencia del Estado Mexicano (con mayúsculas para simular impacto) no dejaría de ser incómoda y muy simbólica para los sinaloenses, más no es de vital importancia dada la extensión de las operaciones del cártel. En estos operativos los Zetas se han quedado más que complacidos, ya que al parecer siguen teniendo riendo suelta en la Sultana del Norte y sus alrededores, aunque necesitan de Osiel Cárdenas para operar la red.

En presidencia parece alguien estar decidido a enviar al ejército a combatir el narcotráfico y a cooperar con los Estados Unidos, pero ¿a cambio de qué? Algunas personas hablan de una edición adaptada del Plan Colombia, lo que haría factible la modernización logística y de fuego de las fuerzas armadas mexicanas. Simplemente recuérdese una reciente petición que hiciera la DEA para instalar oficinas en territorio mexicano.

Lo que no hay que perder de vista es que los operativos realizados en varios estados de la república ya se empiezan a convertir en una guerra de mil frentes. El narcotráfico está arraigado en muchas zonas rurales del país. Muchos campesinos que no han migrado a los Estados Unidos han visto en esa actividad una forma de sobrevivir a la pobreza, ocurriendo que existan zonas en México donde la siembra de marihuana y amapola sustenten la actividad económica.

Los primeros 10 políticos días del 2007

Han transcurrido 10 días de 2007 y en el panorama de la política nacional destacan los efectistas y simpáticos operativos antinarco en varias entidades del país, los trastabilleos del errático exsecretario de Hacienda Gil Díaz como muy mal visto (e ilegal) consejero del banco HSBC, la poco interesante faramalla de López Obrador y su gobierno legítimo, tratando de encontrar algún fiel televidente dispuesto a sacrificar valiosas horas nocturnas, y los mediáticos, “peligrosos para el país” y populistas proyectos sociales de Calderón del Seguro (médico) Universal para niños nacidos a partir del 1° de enero, el programa 100 por 100 de apoyo a la vivienda y 300 pírricas brigadas de salud con los que pretendería ir rebasando por la izquierda a AMLO en esa esquizofrénica carrera política que estos contendientes llevan por una ansiada legitimad del ejercicio del gobierno.

2007 ha iniciado también con desafiantes aumentos al precio de uno de los productos más básicos de la alimentación mexicana: el maíz y la tortilla que ya venía trayendo de por sí varios antecedentes como el aumento a la gasolina y la leche diconsa. ¿Ajustes macroeconómicos de alto impacto social que apenas nos muestran la punta del iceberg?

Arranca el 2007

Arranca el 2007, con menos presupuesto para cultura, medio ambiente y ciencia y tecnología.

Así comienza su gestión el nuevo gobierno, castigando estos sectores, pero favoreciendo notoriamente las partidas destinadas a seguridad.

México necesita seguridad, pero también necesita proteger, promover y desarrollar su cultura, su educación y su tecnología, así como administrar adecuadamente sus recursos naturales. Estos campos de la política nacional son escenciales para el desarrollo del país, lo que sin duda puede traer mayor bienestar y por consiguiente una myor seguridad interior.

Mal comienzo para un gobierno que se dice comprometido con la competitividad.