México: estado del arte. 02/2008
La lucha del Estado mexicano contra el crimen organizado ha sido desde inicios del gobierno de Felipe Calderón el tema central de la política nacional. De tal forma podemos encontrar una gran movilización de efectivos militares en tareas de apoyo a las fuerzas policiales que no se dan abasto ante el implacable crecimiento de las redes del narcotráfico.
El gobierno mexicano muestra su incapacidad de contener las ejecuciones y ajustes de cuentas en varios estados del país, teniendo que recurrir a nuevas estrategias tratando de reformar el marco jurídico de la investigación y persecución de la delincuencia organizada. A ello responde la llamada reforma judicial que presentó Felipe Calderón el 9 de marzo de 2007 a la cámara de Senadores. Lo malo de esta iniciativa es la reducción de garantías individuales y el incremento de facultades discrecionales de los órganos del Estado encargados de investigar y procurar justicia, los cuales no se caracterizan por ser un ejemplo de profesionalismo.
Otro aspecto que ha caracterizado a la política nacional reciente es la reforma electoral de noviembre de 2007, medida tomada por los partidos políticos para apaciguar los conflictos postelectorales del 2006, sin embargo se le critica severamente en los medios de comunicación por el hecho de haber de haber violado la autonomía del Instituto Federal Electoral e inamovilidad de sus consejeros y la libertad de los ciudadanos y partidos políticos a contratar mensajes en los medios de comunicación en tiempos de campañas electorales. Visto el problema que ello significó en la elección presidencial de 2006, esta nueva regulación significa un avance en la equidad de competencia electoral.
La desaceleración económica en los Estados Unidos (según Nasdaq ya en recesión) lejos de ser ajena a México, como lo han señalado los encargados de la política económica mexicana, es un aspecto que puede tener serias repercusiones, debido a la dependencia económica de México a la economía estadounidense y al bajo crecimiento económico interno. La economía mexicana ha logrado mantenerse básicamente por las reservas petroleras y los altos precios del crudo. Debido al decaimiento de los principales yacimientos, la industria petrolera mexicana requiere nuevas exploraciones, lo cual demanda fuertes inversiones que la dirigencia política mexicana asegura que solo se pueden llevar a cabo en conjunto con la iniciativa privada, concretamente con las grandes empresas trasnacionales. Pero ello requiere también reformas constitucionales que ya se están promoviendo políticamente y que podrían constituir otra de las grandes reformas estructurales: la reforma energética.
Ese es un aspecto muy polémico en la política nacional, debido a que los grupos políticos que promueven la apertura del sector ocupan la dirigencia política del país y los grupos que sostienen la tesis de que el petróleo debe seguir siendo patrimonio nacional son muy proclives a la movilización de masas y a la resistencia civil. Esto ha conducido a una neutralización de fuerzas, ocasionando el estancamiento y la baja competitividad internacional del sector.
En cuanto a la capacidad organizativa de la sociedad civil esta ha reaccionado fragmentaria y sectorialmente ante diversos acontecimientos coyunturales. Después de la movilización postelectoral encabezada por López Obrador, éste ha mantenido su presencia en el escenario político con diversos actos en toda la república intentando recomponer las fuerzas sobre todo ante la amenaza de las reformas constitucionales en materia energética y la apertura al capital privado en la explotación petrolera.
La movilización zapatista en la Otra Campaña en el marco de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona ha sabido mantenerse con minoritarios sectores de la izquierda independiente y menos institucionalizada, tratando de armar un plan nacional de lucha que todavía no tiene perspectivas concretas. Después de una extensa gira por todo el país, la dirigencia zapatista ha tenido que replegarse ante el desgaste sufrido por sus bases de apoyo, básicamente por los conflictos con otras organizaciones de Chiapas.
Tienen notoriedad las movilizaciones campesinas corporativas contra la apertura del capítulo agropecuario del TLCAN, para eliminar impuestos y aranceles a las importaciones de productos agropecuarios. La protesta radica en la poca competitividad del sector agropecuario mexicano ante los excedentes industrializados del norte.
El gobierno mexicano muestra su incapacidad de contener las ejecuciones y ajustes de cuentas en varios estados del país, teniendo que recurrir a nuevas estrategias tratando de reformar el marco jurídico de la investigación y persecución de la delincuencia organizada. A ello responde la llamada reforma judicial que presentó Felipe Calderón el 9 de marzo de 2007 a la cámara de Senadores. Lo malo de esta iniciativa es la reducción de garantías individuales y el incremento de facultades discrecionales de los órganos del Estado encargados de investigar y procurar justicia, los cuales no se caracterizan por ser un ejemplo de profesionalismo.
Otro aspecto que ha caracterizado a la política nacional reciente es la reforma electoral de noviembre de 2007, medida tomada por los partidos políticos para apaciguar los conflictos postelectorales del 2006, sin embargo se le critica severamente en los medios de comunicación por el hecho de haber de haber violado la autonomía del Instituto Federal Electoral e inamovilidad de sus consejeros y la libertad de los ciudadanos y partidos políticos a contratar mensajes en los medios de comunicación en tiempos de campañas electorales. Visto el problema que ello significó en la elección presidencial de 2006, esta nueva regulación significa un avance en la equidad de competencia electoral.
La desaceleración económica en los Estados Unidos (según Nasdaq ya en recesión) lejos de ser ajena a México, como lo han señalado los encargados de la política económica mexicana, es un aspecto que puede tener serias repercusiones, debido a la dependencia económica de México a la economía estadounidense y al bajo crecimiento económico interno. La economía mexicana ha logrado mantenerse básicamente por las reservas petroleras y los altos precios del crudo. Debido al decaimiento de los principales yacimientos, la industria petrolera mexicana requiere nuevas exploraciones, lo cual demanda fuertes inversiones que la dirigencia política mexicana asegura que solo se pueden llevar a cabo en conjunto con la iniciativa privada, concretamente con las grandes empresas trasnacionales. Pero ello requiere también reformas constitucionales que ya se están promoviendo políticamente y que podrían constituir otra de las grandes reformas estructurales: la reforma energética.
Ese es un aspecto muy polémico en la política nacional, debido a que los grupos políticos que promueven la apertura del sector ocupan la dirigencia política del país y los grupos que sostienen la tesis de que el petróleo debe seguir siendo patrimonio nacional son muy proclives a la movilización de masas y a la resistencia civil. Esto ha conducido a una neutralización de fuerzas, ocasionando el estancamiento y la baja competitividad internacional del sector.
En cuanto a la capacidad organizativa de la sociedad civil esta ha reaccionado fragmentaria y sectorialmente ante diversos acontecimientos coyunturales. Después de la movilización postelectoral encabezada por López Obrador, éste ha mantenido su presencia en el escenario político con diversos actos en toda la república intentando recomponer las fuerzas sobre todo ante la amenaza de las reformas constitucionales en materia energética y la apertura al capital privado en la explotación petrolera.
La movilización zapatista en la Otra Campaña en el marco de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona ha sabido mantenerse con minoritarios sectores de la izquierda independiente y menos institucionalizada, tratando de armar un plan nacional de lucha que todavía no tiene perspectivas concretas. Después de una extensa gira por todo el país, la dirigencia zapatista ha tenido que replegarse ante el desgaste sufrido por sus bases de apoyo, básicamente por los conflictos con otras organizaciones de Chiapas.
Tienen notoriedad las movilizaciones campesinas corporativas contra la apertura del capítulo agropecuario del TLCAN, para eliminar impuestos y aranceles a las importaciones de productos agropecuarios. La protesta radica en la poca competitividad del sector agropecuario mexicano ante los excedentes industrializados del norte.
posted by josé montero at 1:21 p.m.
13 comments
